Cuáles fueron las pruebas que presentó el fiscal Luciani para pedir que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión

El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Lo hizo en la última de las nueve audiencias que tuvo la Fiscalía para exponer sus pruebas.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani en su primera audiencia, el 1 de agosto. A partir de allí desarrolló su acusación contra la ex presidenta.

 
Luciani comenzó por el inicio. Señaló que Báez, ocho días antes que Néstor Kichner asuma en mayo de 2003 como presidente de la Nación, fundó Austral Construcciones. Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser monotributista y empleado bancario a dueño de una empresa constructora, dijo el fiscal. Además, el empresario compró otras compañías del rubro de la provincia, como Kank y Costilla y Gotti.

Así, entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló en su alegato que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.

La Fiscalía analizó cada una de las obras. Concluyó que las empresas recibían del estado adelantos financieros superiores a los que permitía la ley; en las licitaciones competían las empresas de Báez y otra que llamó de “cortesía” que se presentaba y siempre perdía, en general era “Petersen”; se pagaban sobreprecios; se extendían los plazos para terminarlas sin justificación; y se pagaban de manera total a pesar que no estaban terminadas. “No hay obra que finalice en termino por la falta de capacidad de la empresa. Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el estado nacional”, sostuvo Luciani.

Un ejemplo de esas irregularidades fue para la obra de remediación de canteras en la ruta nacional tres por un presupuesto de 75 millones de pesos que ganó Austral Construcciones. A la licitación se presentaron Kank y Costilla -también de Báez- y Petersen que quedó descalificada porque presentó una oferta superior. El fiscal Luciani marcó como irregularidad que la obra no tenía presupuesto asignado cuando fue convocada. “¿Cómo iban a hacer una obra su no tenían presupuesto?”, se preguntó y agregó que un día antes de la apertura de la licitación se emitió una circular en la que se informaron las canteras a trabajar. “Eso debió estar en el pliego de bases y condiciones. ¿Cómo hicieron los ofrecimientos las empresas si no sabían que canteras iban a remediar? Esta obra es un fantasma, nunca se hizo”, dijo el fiscal.

La Fiscalía explicó que el encargado de elaborar los presupuestos nacionales, que contienen las obras, es el Poder Ejecutivo. “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”, dijo sobre una de las pruebas en contra de Cristina Kirchner.

El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.

Luciani también señaló que la ley de obras públicas establece que para licitar obras con fondos del tesoro nacional tienen que estar en las leyes de presupuesto nacional porque sino no pueden ser autorizadas. Y explicó que en los presupuestos nacionales de 2004 a 2015 se omitió incorporar 17 de las 51 obras publicas que ganaron las empresas de Báez, el 30% de ellas. “Eso colisionó de frente con las leyes que exigen que para cada obra publica debe existir crédito legal”, señaló y dijo que las otras 34 obras tenían severas inconsistencias de información.

La Fiscalía también señaló que los funcionarios a cargo de la obra pública eran de máxima confianza de los Kirchner, que habían ocupado cargos en Santa Cruz cuando Néstor Kirchner fue gobernador y que estuvieron los 12 años de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Ellos fueron Julio De Vido, como titular del Ministerio de Planificación Federal, José López, en la secretaria de Obras Públicas, Nelson Periotti, al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, y los titulares de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Los fiscales también involucraron a la Vicepresidenta en lo que llamaron el “plan limpiar todo”: antes que Cristina Kichner dejara la presidencia en 2015 se le pagaron a Báez 537 millones de pesos que se le adeudaban por obras que no terminó. Luego de eso, las empresas de Báez abandonarían todas las obras y echarían a los empleados de sus empresas.

Para eso, los fiscales mostraron mensajes del celular de José López. “Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, dijo el fiscal.

En esos mensajes se muestran reuniones de López con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos y de la entonces presidenta con Báez en Santa Cruz. Luego, también mensajes entre López y Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, para coordinar el cierre de las empresas.

Otro tramo de la prueba fue que los Kirchner y Báez eran socios. El empresario se hizo cargo de “Hotesur”, la compañía de hoteles de la familia presidencial, y le alquilaba propiedades. Luciani señaló que así hubo una etapa posterior a la asignación de las obras que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´’”.

“Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, completó el fiscal.

Fuente: Infobae